Suiza votará sobre el impuesto mínimo global
El 18 de junio, el electorado suizo votará si gravará con un impuesto mínimo los beneficios de las multinacionales. Con la votación popular se decidirá sobre temas relacionados como la justicia fiscal, el atractivo del emplazamiento económico suizo y el reparto de los ingresos adicionales.
El impulso llegó desde fuera. Los Estados del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) quieren imponer un impuesto mínimo global del 15 por ciento a las grandes multinacionales en 138 países. El objetivo es establecer la equidad fiscal en el plano internacional, aunque en un nivel relativamente bajo. El impuesto afecta a multinacionales con una cifra anual de ventas de más de 750 millones de euros.
¿Qué pretende el impuesto mínimo global de la OCDE?
Hasta ahora, las empresas multinacionales podían trasladar sus beneficios legalmente a paraísos fiscales para evitar la fiscalización de sus ingresos o para pagar una cantidad muy reducida de impuestos. Con el impuesto mínimo global, la OCDE pretende combatir la competencia fiscal internacional, que se ha agudizado en los últimos años. Algunos paraísos fiscales y muchas multinacionales se han aprovechado de esta situación. En cambio, muchos países menos flexibles y con elevados costes para el mantenimiento de las infraestructuras han perdido, incluso potencias económicas como Francia o Estados Unidos. Especialmente Estados Unidos se vio afectado por las estrategias de elusión fiscal que implementaron grandes tecnológicas estadounidenses como Apple, Amazon, Facebook o Google. Es por este motivo que el impuesto mínimo de la OCDE se llamó al principio “impuesto digital”. Pero en el fondo se trata de lo mismo.
¿Qué debe hacer Suiza ahora?
Para introducir el impuesto mínimo global de la OCDE, Suiza deberá enmendar su constitución. Una vez modificada la carta magna, la Confederación podrá intervenir la soberanía fiscal de los cantones, imponiendo una “tasa fiscal complementaria”. Esta es la razón por la que el electorado tendrá que decidir en última instancia.
¿Cómo se ha caracterizado la política fiscal suiza hasta ahora?
En 21 de los 26 cantones suizos existen tipos impositivos mucho más reducidos que los 15 puntos porcentuales exigidos por la OCDE. Mediante sus bajos impuestos, estos cantones lograron atraer a numerosas empresas multinacionales. Los únicos territorios capaces de competir con estos cantones son las clásicas jurisdicciones offshore, como la isla de Guernsey, Catar o Hungría, que también atrae a empresas extranjeras con este método. En Europa, la competidora más importante de Suiza sigue siendo Irlanda.
En el pasado, Suiza justificaba su política de bajos impuestos con el argumento de que tenía que compensar, de este modo, los elevados salarios y costos de emplazamiento para aumentar el atractivo de su plaza económica.
¿Qué consecuencias tendrá la reforma para el emplazamiento suizo?
Con la reforma, Suiza perderá, a corto plazo, una ventaja importante porque ya no podrá posicionarse con su régimen fiscal competitivo. Así lo reconoce también la ministra de Hacienda Karin Keller-Sutter, que, sin embargo, considera asumible esta desventaja: “Se reducirá la competencia fiscal internacional entre los grupos empresariales multinacionales, pero Suiza seguirá teniendo muchas bazas, como su estabilidad política, su seguridad jurídica, sus trabajadores cualificados y su entorno económico innovador y flexible”, declaró recientemente al diario NZZ.
En el ámbito internacional, Suiza seguiría siendo uno de los países más atractivos, incluso con un tipo del 15 por ciento.
¿Qué impacto tendrá el impuesto mínimo en la economía nacional?
No obstante, esta modificación constitucional tendrá un impacto en la economía suiza. Pero ¿cuál será su alcance? El Gobierno federal califica las repercusiones de “inciertas”, porque, según sus previsiones, hasta ahora no se sabe de qué manera tratarán de reactivar la competencia fiscal internacional los demás países. Nadie pone en duda que esto va a ocurrir. Tampoco se sabe cómo reaccionarán las empresas en el futuro.
En proporción a su extensión geográfica, Suiza cuenta con un elevado número de grandes empresas y multinacionales extranjeras. Según estimaciones, el nuevo arancel tributario afectaría a unas 2000 grandes corporaciones. En cambio, las cerca de 600 000 pequeñas y medianas empresas (PyME), con un volumen de negocios inferior a 750 millones de euros, no se verían afectadas por el nuevo tipo impositivo.
¿Qué dicen los partidarios de la reforma?
El Consejo Federal, el Parlamento y los cantones apoyan la reforma. El argumento principal de los defensores de la modificación es que la medida es ineludible para garantizar que al menos el sustrato fiscal se quede en el país. Porque, si Suiza decidiera no introducir la nueva normativa de la OCDE, otros países podrían aplicar la imposición, retirando como impuesto adicional la diferencia hasta el tipo del 15 por ciento. De este modo, muchos fondos recaudados irían a parar al extranjero, argumentan.
Los defensores de la reforma celebran el “gran éxito” que la política fiscal suiza ha tenido hasta ahora. Las grandes corporaciones internacionales han “financiado de manera decisiva el crecimiento continuo de las prestaciones estatales en la seguridad social y el sistema educativo”, alega Economiesuisse, la organización central de la economía helvética.
¿De qué cantidades de dinero estamos hablando?
El Departamento Federal de Hacienda calcula que la reforma generaría un sustrato fiscal adicional de entre 1000 y 2500 millones de francos anuales. El total de ingresos generados por los impuestos sobre los beneficios empresariales se sitúa en Suiza en torno a los 14 mil millones de francos.
¿Dónde va a parar el dinero?
En el fondo, todos los partidos se pusieron de acuerdo en el Parlamento sobre la manera de plantear la reforma constitucional: todos quieren cumplir los requerimientos de la OCDE. En cambio, sobre la clave de reparto de los ingresos adicionales se desencadenó un debate intenso. ¿Deberían beneficiarse aquellos cantones en los que las empresas pagan sus impuestos? ¿O debería cobrar el erario federal la mayor parte de estos ingresos para financiar así los gastos sociales?
