La Unión Europea (UE) va a introducir un impuesto al carbono en sus fronteras. Suiza, que es pionera en la materia, figura entre los países que tienen el impuesto sobre el CO2 más alto del mundo.
El objetivo del impuesto sobre el CO2 en las fronteras, que la Comisión presentará oficialmente el 14 de julio, es imponer aranceles a las importaciones procedentes de países con normas climáticas y medioambientales menos exigentes para proteger de la competencia desleal a las empresas europeas.
El impuesto sobre las emisiones de CO2, uno de los principales instrumentos del Pacto Verde Europeo, debería cubrir inicialmente los productos importados de sectores que generan muchas emisiones, por ejemplo, la electricidad, el cemento o el acero. “Tenemos que igualar el precio del carbono entre la producción nacional y las importaciones para evitar la deslocalización a países donde el carbono es más barato que en la UE”, ha explicado a la radiotelevisión pública suiza de lengua francesa RTS Pascal Lamy, el exdirector de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y uno de los promotores del nuevo impuesto europeo.
“Se trata de una medida sensata y necesaria”, dice a SWI swissinfo.ch Philippe Thalmann, profesor de economía del medioambiente en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. El impuesto sobre carbono en frontera, según explica, impedirá eludir el sistema de la UE en el que las empresas tienen que pagar un precio sobre el CO2. Creado en 2005, el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) se basa en el principio de “quien contamina, paga” y que afecta a más de 10 000 empresas de los sectores de la electricidad, la industria manufacturera y la aviación civil. En la actualidad, el precio de un derecho de emisión ronda los 50 dólares.
Sebastian Heselhaus, profesor de derecho en la Universidad de Lucerna, considera que esta medida incitará a los Estados extraeuropeos a adoptar políticas climáticas más ambiciosas. Heselhaus recuerda lo que ocurrió en el ámbito de la aviación: “La amenaza de la UE de incluir a las compañías aéreas extranjeras en su régimen de comercio de derechos de emisión ha llevado a desarrollar un modelo alternativo a nivel internacional”.
No hay unanimidad sobre el impuesto en la frontera de la UE. En abril, durante una videoconferencia con Emmanuel Macron y Angela Merkel, el presidente chino Xi Jinping manifestó su oposición, denunciando las “barreras comerciales” que se levantan en nombre del cambio climático.
El impuesto suizo sobre el CO2
Desde 2008, Suiza aplica un impuesto de incentivo a los combustibles fósiles (principalmente el gasóleo para la calefacción y el gas natural). Una medida aprobada por El Parlamento un año antes, porque Suiza no había cumplido sus objetivos climáticos. Su propósito es incitar a los propietarios de inmuebles a que reduzcan el consumo de energías fósiles para la calefacción – por ejemplo, sustituyendo una caldera de gasóleo por una bomba de calor – y reducir así las emisiones de CO2.
El impuesto actual asciende a 96 francos por tonelada de CO2, o 25 céntimos por litro de gasóleo. Y en 2022 aumentará a 120 francos, el tope máximo previsto en la legislación vigente, porque las emisiones no han disminuido lo suficiente. Una enmienda legislativa para elevar el impuesto a 201 francos fue rechazada en votación popular el pasado mes de junio.
Alrededor de dos tercios de los ingresos del impuesto se revierten en la población y la economía. Las plantas que consumen muchos combustibles fósiles pueden solicitar una exención del impuesto, siempre y cuando se comprometan a reducir sus emisiones. La aceptación del impuesto de incentivo sobre el CO2 es “buena”, según la ministra suiza de Medioambiente, Simonetta Sommaruga.
¿Una medida eficaz?
“En los ámbitos en los que se aplica, es decir, los combustibles fósiles para la producción de calor, el impuesto ha demostrado ser eficaz”, afirma Philippe Thalmann. De hecho, es en el sector de los edificios donde Suiza ha experimentado la mayor reducción de emisiones, dice. “El impuesto también es eficaz para la industria, ya que obliga a las empresas que quieren estar exentas a reducir sus emisiones”.
¿Cuál es la situación a escala mundial?
“Hay dos formas de poner precio al carbono: los sistemas RCDE UE y los impuestos al CO2. La elección depende de cada país o sector”, explica Philippe Thalmann.
Además de los Estados miembros de la UE y Suiza, unos diez países en el mundo han adoptado uno o ambos modelos, según los datos del Banco Mundial. Entre ellos se encuentran Canadá, México, China y Sudáfrica.
Finlandia fue el primer país del mundo en introducir un impuesto sobre el CO2 en 1990. En la actualidad, el país que más grava el carbono es Suecia, con 137 dólares por tonelada, seguido de Suiza (101 dólares).
“Algunos países tienen un impuesto relativamente bajo, pero se aplica a una gran proporción de emisiones. Otros, como Suiza, han optado por un impuesto muy alto, pero que no está muy extendido. El impuesto suizo sobre el CO2 cubre aproximadamente el 40% de las emisiones”, señala Philippe Thalmann.
Suecia puede considerarse un modelo porque no solo tiene el impuesto más alto del mundo, sino que ha conseguido aumentarlo y extenderlo gradualmente, agrega el profesor.
Fuente: Swiss Info